Arranca la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética y el número de hogares desatendidos por las respectivas administraciones públicas se mantiene muy elevado en 2025. No parece que las soluciones se vayan a implementar en el corto plazo.
Los colectivos sociales exigimos una revisión del mecanismo del bono social para que llegue automáticamente a quienes más lo necesitan y se prohíban los cortes de suministro a los hogares vulnerables.
Todo el mundo tiene derecho a acceder a servicios esenciales como el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales, y debe prestarse el apoyo necesario para el acceso a estos servicios a todas las personas.
No solo se trata de derechos, eliminar la pobreza energética es una cuestión de salud pública, de cumplir la legislación europea y, por supuesto, es de justicia social.
Hay que hacer frente a la crisis climática: necesitamos cambiar nuestro sistema energético y poner en el centro a las personas vulnerabilizadas por el sistema.
Arranca la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética y el número de hogares desatendidos por las respectivas administraciones públicas se mantiene muy elevado en 2025. No parece que las soluciones se vayan a implementar en el corto plazo.
Los colectivos sociales exigimos una revisión del mecanismo del bono social para que llegue automáticamente a quienes más lo necesitan y se prohíban los cortes de suministro a los hogares vulnerables.
Todo el mundo tiene derecho a acceder a servicios esenciales como el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales, y debe prestarse el apoyo necesario para el acceso a estos servicios a todas las personas.
No solo se trata de derechos, eliminar la pobreza energética es una cuestión de salud pública, de cumplir la legislación europea y, por supuesto, es de justicia social.
Hay que hacer frente a la crisis climática: necesitamos cambiar nuestro sistema energético y poner en el centro a las personas vulnerabilizadas por el sistema.
Despite Telegram's origins, its approach to users' security has privacy advocates worried. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows. The original Telegram channel has expanded into a web of accounts for different locations, including specific pages made for individual Russian cities. There's also an English-language website, which states it is owned by the people who run the Telegram channels. Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments.
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