Los crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional, incluyen actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
La privación de recursos esenciales como el agua puede ser vista como una forma de "inhumanidad" si resulta en sufrimiento grave, maltrato o muerte de la población.
Convenio IV de Ginebra, 1949: Artículo 54: "Se prohíbe que, como represalia, se impida a la población el acceso a los medios necesarios para la vida."
Esto incluye el acceso al agua, alimentos y servicios sanitarios.
El Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966, en su artículo 11 reconoce el derecho de todas las personas a tener acceso al agua potable.
El Estatuto de Roma (1998) trata los crímenes de lesa humanidad, como la privación del acceso a agua potable.
El robo o la destrucción de recursos esenciales como el agua puede ser considerado un crimen de guerra o incluso un crimen de lesa humanidad bajo estos marcos jurídicos
Los crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional, incluyen actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
La privación de recursos esenciales como el agua puede ser vista como una forma de "inhumanidad" si resulta en sufrimiento grave, maltrato o muerte de la población.
Convenio IV de Ginebra, 1949: Artículo 54: "Se prohíbe que, como represalia, se impida a la población el acceso a los medios necesarios para la vida."
Esto incluye el acceso al agua, alimentos y servicios sanitarios.
El Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966, en su artículo 11 reconoce el derecho de todas las personas a tener acceso al agua potable.
El Estatuto de Roma (1998) trata los crímenes de lesa humanidad, como la privación del acceso a agua potable.
El robo o la destrucción de recursos esenciales como el agua puede ser considerado un crimen de guerra o incluso un crimen de lesa humanidad bajo estos marcos jurídicos
BY Vakulinchuk
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At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. For Oleksandra Tsekhanovska, head of the Hybrid Warfare Analytical Group at the Kyiv-based Ukraine Crisis Media Center, the effects are both near- and far-reaching. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. Again, in contrast to Facebook, Google and Twitter, Telegram's founder Pavel Durov runs his company in relative secrecy from Dubai. In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed.
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